LEY 10.973 Texto actualizado con las modificaciones introducidas por las leyes 12.008 , 12.125 y 13.068.

COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY TITULO I DE LOS MARTILLEROS Y/O CORREDORES PUBLICOS


CAPITULO I DEL EJERCICIO DE LA PROFESION

ARTICULO 1°: Para ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, se requiere: a) Tener certificado habilitante de Rematador o Martillero otorgado por autoridad competente conforme a la Ley Nacional de Martilleros. b) Tener matrícula de Corredor conforme a lo prescripto por el Código de Comercio y leyes modificatorias. c) Estar inscripto en alguno de los Colegios Departamentales creados por esta Ley.

ARTICULO 2°: (Texto según Ley 13068) Podrán ser inhabilitados por los Colegios Departamentales, los colegiados que se vean comprendidos en las siguientes situaciones: a) No poder ejercer el comercio. b) Fallidos y concursados hasta cinco (5) años después de su rehabilitación. c) Condenados con accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos y los condenados por hurto, robo extorsión, estafa y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de diez (10) años de cumplida la condena. d) Excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria. e) Comprendidos en el Art. 152 bis del Código Civil.

ARTICULO 3°: Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de fondo respectivas, no podrán ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público: a) Los que ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyo desempeño se requiera otro título habilitante. b) Los Magistrados, Funcionarios y empleados de la Administración de Justicia Nacional y Provincial. c) Los eclesiásticos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad.

ARTICULO 4°: Las incompatibilidades que determina el artículo anterior perduran hasta tanto no se solicite la cancelación de la inscripción en el Registro de la matrícula profesional o no se produzca la separación del cargo o función o no desaparezca la condición que crea la incompatibilidad.


CAPITULO II DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE MATRICULADOS

ARTICULO 5°: Para ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público, el interesado deberá presentar su solicitud de inscripción al Colegio Departamental del que vaya a formar parte, llenando los requisitos exigidos por esta Ley. La inscripción en cualquiera de los Colegios Departamentales habilita para el ejercicio de la profesión en la totalidad del territorio provincial sin más trámite. Para la inscripción se exigirá: a) Acreditar identidad personal. b) Para Martillero, presentar título habilitante otorgado de conformidad con lo establecido en la Ley de Martilleros. Para Corredor, presentar matrícula expedida por Tribunal competente de cualquier jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el Código de Comercio y leyes modificatorias. c) Manifestar bajo juramento, no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la legislación de fondo y local aplicables. d) Denunciar su domicilio real y permanente y constituir domicilio legal en la jurisdicción departamental en la que se desarrollen las actividades profesionales, el que servirá a los efectos de sus relaciones con sus comitentes, la Justicia y el Colegio Profesional. Los Martilleros y Corredores Públicos no podrán estar inscriptos en más de un Colegio. En todos los casos prevalecerá como domicilio legal el de la oficina del colegiado, mientras que si tuviese varias, prevalecerá el de la oficina donde tuviera al mismo tiempo su lugar de residencia. e) Acreditar que no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes, mediante el acompañamiento del certificado del Registro que corresponda. f) Acreditar buena conducta y concepto público. Este requisito y el de domicilio, se justificará en la forma que determine el Reglamento. g) Acreditar idoneidad de conformidad a lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia. h) Constituir a la orden del Colegio Departamental, una fianza personal, real, o de seguro de caución, equivalente a veinte (20) sueldos mínimos del Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial, que se renovará cada dos (2) años. La fianza será válida en todo el territorio provincial con sólo acreditar su constitución mediante comprobante o certificado expedido por el Colegio Departamental que corresponda. Podrá constituirse mediante depósito de bonos o títulos de la renta pública nacional o provincial. Esta fianza garantizará exclusivamente el pago de los daños emergentes de los hechos culpables o dolosos de los Martilleros y Corredores Públicos inscriptos en la matrícula respectiva, judicial o particularmente, el pago de las multas que le fuesen impuestas por los Tribunales o los Colegios y la devolución de las sumas que hubieran retenido y estuvieran obligados a restituir. La fianza o caución se entenderá otorgada permanentemente por la suma preestablecida, sin que disminuya en ningún caso el monto de la responsabilidad de los fiadores. En caso de efectivizarse la garantía, deberá el interesado proceder a su reposición dentro de los quince días, en caso contrario quedará suspendido en la matrícula. Si la fianza no se renovara a su vencimiento anual, quedará automáticamente excluido del ejercicio profesional, no obstante lo cual la caución subsistirá hasta seis meses después.

ARTICULO 6°: Con la solicitud de inscripción en el Registro de la Matrículas se formará expediente. El Colegio que reciba la petición la pondrá en conocimiento del público y de los colegiados, por medio de edictos que se publicarán en un diario de la ciudad cabecera del Departamento Judicial y en el Boletín Oficial por el tiempo y modo que determine el reglamento, a costa del solicitante. Cualquier persona podrá oponerse a la inscripción probando que el recurrente no se encuentra en las condiciones exigidas por la Ley para ejercer la profesión. El Colegio verificará si el peticionante reúne las condiciones requeridas y se expedirá en el transcurso de 30 días, no obstante lo cuál dentro de los primeros quince días a contar desde la última publicación de edictos deberán producirse las impugnaciones o tachas. Decretada la inscripción, el profesional presentará juramento ante el Presidente del Consejo, de cumplir fielmente con sus deberes y obligaciones que le están impuestos por la normativa vigente, quedando habilitado para ejerce su profesión. El Colegio departamental deberá expedir a favor del inscripto y a su solicitud, una credencial y certificado habilitante, en el que constará su identidad, domicilio, tomo y folio, o número de inscripción, comunicando el alta respectiva al Consejo Superior y a la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires respectivamente. Queda prohibida toda publicidad o propaganda relativa al ejercicio de las profesiones de Martillero y Corredor Público sin que él o los profesionales que la realicen, y con claridad, indiquen su nombre y apellido, tomo, folio de inscripción en el Registro de Matrículas, a su comienzo y al pie de la firma o contiguo a ella y que no traigan la indicación precisa del carácter con que actúan. Los Jueces y Tribunales no proveerán los escritos de profesionales que no consignen en escritura a máquina o impresos con un sello, sus nombres, apellidos, tomo y folio o número de inscripción en el Registro de Matrículas a su comienzo y al pie de la firma o contiguos a ellas y que no traigan la indicación precisa del carácter con que actúan.

ARTICULO 7°: Podrán denegarse la inscripción, cuando el solicitante no hubiere dado cumplimiento a las exigencias requeridas por el artículo 5° además de las inhabilidades e incompatibilidades prescriptas por los artículos 2° y 3° de la presente. La decisión denegatoria será apelable, dentro de los diez (10) días de notificada, por recurso que se interpondrá directamente ante el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia. A su vez, del pronunciamiento de este último órgano, podrá recurrirse dentro de igual término por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de La Plata, la que resolverá la cuestión previo los informes que solicitará al Consejo Superior. (NOTA: Por ley 12.008 resultan competentes los Tribunales Contencioso-Administrativos) El Martillero y Corredor Público cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar una nueva solicitud probando ante el Colegio haber desaparecido las causales que fundaron la denegatoria. Si a pesar de ello y cumplidos los trámites, fuera nuevamente rechazada, no podrá presentarse nueva solicitud, sino con el intervalo de un año.

ARTICULO 8°: Corresponde a los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos atender, conservar y depurar el Registro de Matrículas de sus colegiados en ejercicio, dentro de su Departamento, debiendo comunicar cualquier modificación que sufran los mencionados Registros, al Colegio de la Provincia de Buenos Aires y a la Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos.

ARTICULO 9°: El Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, confeccionará la clasificación de los profesionales inscriptos en el Registro de Matrículas.

ARTICULO 10°: De cada Martillero y Corredor Público se llevará un legajo personal donde se anotarán sus datos de filiación, títulos profesionales, empleos o funciones que desempeñen, domicilio y sus traslados, y todo cuanto pueda provocar una alteración en los registros pertinentes de la matrícula, así como las sanciones impuestas y méritos acreditados en el ejercicio de su actividad. Dichos legajos serán públicos. Los Martilleros y Corredores Públicos deberán tener ofician, la que estará dedicada exclusivamente al servicio de los fines profesionales. Todo cambio de oficina, así como el cese o reanudación de las actividades profesionales, deberá ser comunicado al Colegio pertinente dentro del término de cinco días. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo respecto de los colegiados dará lugar a sanción disciplinaria.

ARTICULO 11°: Es obligación de los Secretarios de los Tribunales y Juzgados conservar siempre visibles en sus oficinas o despachos, una nómina de los Martilleros y Corredores Públicos inscriptos en el Departamento para sorteos de oficio. Las listas estarán depuradas antes de realizar cada sorteo o designación de oficio, de acuerdo a las comunicaciones del Colegio. Su inobservancia constituirá falta grave del Funcionario.

TITULO II DE LOS COLEGIOS DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS
CAPITULO I COMPETENCIA PERSONERIA

ARTICULO 12°: En cada Departamento Judicial funcionará un Colegio de Martilleros y Corredores Públicos a los fines del cumplimiento de la presente ley. Estos Colegios tendrán el carácter de personas jurídicas de derecho público, para el mejor cumplimiento de sus fines.

ARTICULO 13°: Cada Colegio tendrá su asiento en la ciudad cabecera donde funcione el Departamento Judicial, a cuya jurisdicción corresponda y se designará con el aditamento de éste.

ARTICULO 14°: Cuando un Martillero y Corredor Público ejerza en mas de un Departamento Judicial, pertenecerá al Colegio que determine el artículo 5°, pero en todos los casos, los actos profesionales que ejecutare en otro departamento serán juzgados por el Colegio donde se encuentre inscripto.


CAPITULO II FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COLEGIOS

ARTICULO 15°: Los Colegios Departamentales tienen por objeto y atribuciones: a) Llevar el Registro de la Matrícula y ejercer su gobierno. b) Ejercer la potestad disciplinaria, sobre todos los colegiados con las limitaciones de esta Ley. c) Decidir todo lo referente a las inscripciones de las matrículas en los respectivos registros, conforme a esta ley y su reglamentación. d) Velar por el cumplimiento de esta Ley, su reglamentación y las resoluciones que dicte el Honorable Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires. e) Preparar anualmente y elevar a los Jueces y Tribunales las listas de Colegiados para los nombramientos de oficio. f) Propender al progreso y mejoramiento de la legislación relacionada con las profesiones de Martillero y/o Corredor Público y a su mejor capacitación profesional. g) Recibir el juramento profesional, otorgar certificados y credenciales a sus integrantes y a los inscriptos en el Registro de Matrícula. h) Resolver las cuestiones que, siendo de su competencia, lo sometan los Colegiados. i) Ser parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios Departamentales, de la presente Ley y su reglamentación, a cuyo efecto podrán otorgar poderes. j) Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que los poderes públicos les encomienden, que se refieran a las profesiones de Martilleros y/o Corredores Públicos. k) Mantener relaciones con Entidades similares y estimular la unión y armonía entre Colegiados, fomentando el espíritu de solidaridad y asistencia recíproca entre los miembros de la profesión. l) Fundar y sostener una biblioteca pública con preferente carácter de especialización y publicar o contribuir a la publicación de un órgano de difusión que refleje la actividad profesional. ll) Participar por medio de delegaciones, en reuniones, conferencias, congresos, federaciones y consejos siempre que conserven su autonomía de gobierno. m) Adquirir y administrar bienes de cualquier naturaleza, contraer obligaciones, aceptar donaciones, legados o herencias y administrar el patrimonio social, pudiendo disponer de sus bienes con previo consentimiento de la Asamblea. n) Proponer al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, los proyectos de reglamentación que entiendan útiles para el mejor funcionamiento de los Colegios. o) Administrar la cuota de inscripción y cuotas anuales que esta Ley crea para el sostenimiento de los Colegios y que abonarán todos los Martilleros y/o Corredores Públicos que ejerzan en el Departamento Judicial así como las contribuciones y multas. p) Fijar el presupuesto anual de ingresos y gastos de cuya aplicación se rendirá cuenta ante la Asamblea. q) Contribuir al mejor funcionamiento de la Caja de Previsión Social.


CAPITULO III DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS

ARTICULO 16°: Es obligación de los Colegios fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones de Martillero y/o Corredor Público, a cuyo efecto se les confiere poder disciplinario, que ejercitarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas de orden individual y de las medidas que puedan aplicar los Magistrados Judiciales.

ARTICULO 17°: El Tribunal de Disciplina, dentro de la esfera Colegial, aplicará en forma exclusiva las sanciones disciplinarias a que se hagan pasibles los colegiados. Son causas de sanción: a) Perdida de la ciudadanía. b) Condena criminal, en los casos del artículo 2° incisos c) y e), de esta Ley. c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 52° o la violación de la prohibiciones del artículo 53°, así como lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia. d) Adquirir para si o para persona de su familia con grado de parentesco inmediato, las cosas cuya venta le hayan sido encargadas. e) Retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus comitentes. f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto sobre aranceles fijados por esta ley. g) Violación a las normas de la Ley de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos. h) Violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los artículos 2° y 3°. i) Violación de las normas contenidas en el Código de Etica Profesional. j) Abandono de gestión encomendada en perjuicio de terceros; por cambios de domicilio legal o traslado de oficina sin dar aviso al Colegio Departamental. k) No llevar libros en la forma prescripta por el Código de Comercio, esta Ley y su Reglamento. l) Inasistencia de tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un (1) año sin causa justificada al Consejo Directivo y/o al Tribunal de Disciplina. ll) Violación a las normas de publicidad que contempla esta Ley y su reglamentación. m) Contravención de las disposiciones de esta Ley, su reglamento y resoluciones dictadas por el Consejo Directivo u Honorable Consejo Superior.

ARTICULO 18°: Sin perjuicio de las medidas disciplinarias, el Martillero y/o Corredor Público sancionado podrá ser inhabilitado para desempeñar cargos en los organismos que crea esta Ley, hasta un máximo de cinco (5) años.

ARTICULO 19°: Las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse a los colegiados son: a) Amonestación escrita. b) (Texto Ley 12.125) Multa de hasta veinte (20) sueldos mínimos de los empleados pertenecientes al Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial. c) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta dos (2) años. d) Cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula.

ARTICULO 20°: La sanción prevista en el artículo anterior inciso a) se aplicará por el Tribunal de Disciplina con el voto de la mayoría de los miembros que la componen, y las previstas en los incisos c) y d) por las cuatro quintas (4/5) partes de los miembros del Tribunal. En todos los casos la sanción será apelable ente el Honorable Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de su notificación, ante el organismo que hubiere dictado la resolución. El Tribunal de Disciplina correspondiente deberá elevar las actuaciones dentro del término de cinco (5) días posteriores a la interposición del recurso. De la resolución del Honorable Consejo Superior, en los casos del inciso c) y d) podrá recurrirse ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de La Plata, dentro de los diez (10) días de su notificación, la que resolverá previo informe documentado al Consejo Superior. (NOTA: Por ley 12.008 resultan competentes los Tribunales Contencioso-Administrativos)

ARTICULO 21°: La sanción del artículo 19° inciso d) solo podrá ser resuelta: a) Por haber sido sancionado el Martillero y/o Corredor Público inculpado, en tres (3) oportunidades, por las causales previstas en los incisos b) o c) del artículo 19°. b) Por haber sido condenado por delito doloso.

ARTICULO 22°: La acción disciplinaria puede iniciarse por denuncia del agraviado, de los colegiados, por simple comunicación de los Magistrados, por denuncia de Reparticiones Administrativas o por el Consejo Directivo. Para el caso de denuncias de particulares y/o colegiados, previo a todo otro trámite, deberá requerirse la ratificación de la denuncia. El Consejo Directivo requerirá explicaciones al denunciado y decidirá mediante resolución fundada, si existe o no razón para la formación de causa disciplinaria. Si se resolviere la formación de causa disciplinaria, se pasarán las actuaciones al Tribunal de Disciplina, el que dará conocimiento de las mismas a las partes, emplazándolos para que presenten pruebas y defensas dentro de los quince (15) días hábiles. Producida aquella, el Tribunal de Disciplina resolverá sin más trámite, dentro del plazo que determine la reglamentación, comunicando su resolución al Consejo Directivo para su cumplimiento y anotación en el legajo personal del colegiado. La resolución del Tribunal de Disciplina será siempre fundada.

ARTICULO 23°: El Tribunal de Disciplina es competente también para suspender preventivamente al colegiado que se encuentre bajo proceso en causa en que se le impute la comisión de un delito contra la propiedad, contra la administración o la fe pública.

ARTICULO 24°: Las acciones disciplinarias prescriben al año de producido el hecho que autoriza su ejercicio. La iniciación de la acción interrumpe la prescripción por igual término. Cuando el hecho pudiera dar lugar a la exclusión del Registro de Matrículas, la prescripción de la acción se producirá a los cinco (5) años de ocurrido.

ARTICULO 25°: El Martillero y/o Corredor Público excluido del Registro de Matrículas por sanción disciplinaria, no podrá ser admitido en actividad hasta transcurrido cinco (5) años de la resolución firme respectiva. El excluido por sentencia penal será admitido en las condiciones previstas en el artículo 2° incisos c) y e).


CAPITULO IV AUTORIDADES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL

ARTICULO 26°: Son Organos Directivos de la Institución: a) La Asamblea; b) El Consejo Directivo; c) El Tribunal de Disciplina. Los miembros del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina, serán elegidos en Asamblea y durarán cuatro (4) años en sus funciones, renovándose por mitades cada bienio.

ARTICULO 27°: Decláranse cargas públicas las funciones de los miembros del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina. Podrán excusarse los mayores de setenta (70) años y los que hayan desempeñado en el período inmediato anterior alguno de dichos cargos.

ARTICULO 28°: No son elegibles ni pueden ser electores, en ningún caso, los Martilleros y/o Corredo
res Públicos inscriptos en el Registro que adeuden la cuota anual establecida en el artículo 46° inciso b) o no tuvieren su fianza en las condiciones exigidas por esta Ley. El voto es obligatorio. El que sin causa justificada no emitiere su voto, sufrirá una multa equivalente a la cuarta parte del sueldo mínimo de los empleados pertenecientes al Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial, que le aplicará el Consejo Directivo, a beneficio del Colegio Departamental.


CAPITULO V DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 29°: Cada año en la fecha y forma que establezca la reglamentación se reunirá la Asamblea para considerar los asuntos de competencia del Colegio que deben figurar en el Orden del Día. El año que corresponda renovar autoridades, se incluirá en el Orden del Día, la correspondiente convocatoria.

ARTICULO 30°: Podrá citarse también a Asamblea Extraordinaria, cuando la soliciten por escrito, un décimo de los miembros del Colegio, por lo menos, o por resolución del Consejo Directivo con los mismos objetos señalados en el artículo anterior. En caso de que el número de colegiados exceda de quinientos (500) bastará con al firma de cien (100) solicitantes.

ARTICULO 31°: La Asamblea funcionará con la presencia de mas de un tercio (1/3) de los inscriptos. Si a la hora de la citación no hubiera número suficiente, funcionará válidamente una hora después con los asistentes, siempre que su número no sea inferior a diez (10), excluyendo los integrantes del Consejo, a los efectos de la formación de quórum. Las citaciones se harán mediante comunicación dirigida al domicilio de los colegiados y por publicaciones en un diario de la ciudad de asiento del Colegio durante tres (3) días consecutivos. Los integrantes del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina serán elegidos en comicio, en los que el voto será secreto y obligatorio. Su elección será por el sistema de lista incompleta. Cuando se oficialicen dos o más listas, se consagrará por la mayoría las dos terceras (2/3) partes de los candidatos presentados según su orden de colocación en cada lista. El tercio restante de candidatos presentados, se adjudicará a la lista que siga en número de votos siempre que obtuviere un tercio (1/3) de los votos válidos emitidos. Si esto no ocurriera, la lista mayoritaria se adjudicará la totalidad de los cargos. Los Consejeros suplentes llamados a sustituir a los Consejeros titulares, serán los electos en el mismo acto y pertenecientes a la misa lista que los titulares que deberán reemplazar. El reglamento determinará el régimen electoral y procedimiento eleccionario.


CAPITULO VI DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO 32°: El Consejo Directivo estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente Primero, un Vicepresidente segundo, un Secretario General, un Pro Secretario, un Secretario de Actas, un Tesorero, un Pro Tesorero y cinco (5) Vocales titulares; se elegirán asimismo cinco (5) Vocales suplentes. Para ser miembro del Consejo se requieren un mínimo de tres (3) años de colegiación con ejercicio ininterrumpido en la actividad profesional en el respectivo Departamento, tener domicilio real en el mismo y no estar incurso en lo dispuesto por el artículo 17° de la presente Ley. El Presidente y el Vicepresidente podrán ser reelectos por un período sucesivo, debiendo pasar otro período para volver a postularse. Para poder ser elector se requiere un mínimo de un año de ejercicio en la profesión.

ARTICULO 33°: Los miembros del Consejo Directivo podrán ser objeto de remoción por faltas graves cometidas en el ejercicio de su mandato mediante acusación formulada por un quinto de los miembros del Colegio, o bien en el caso que sus integrantes excedan de quinientos, formulada por cien colegiados, o por resolución del Consejo Directivo mediante el voto secreto de los dos tercios de los miembros que lo componen. Se formará un jurado especial integrado por diez (10) miembros a sortearse entre los colegiados activos. Los integrantes del Jurado deberán tener cinco (5) años de ejercicio profesional y más de cuarenta (40) años de edad. Los miembros desinsaculados podrán ser recusados por las mismas causas que los Camaristas en lo Criminal y Correccional, y por una sola vez. Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable. El Jurado actuará bajo la presidencia del colegiado con mayor antigüedad en la matrícula y sesionará con un quórum de siete (7) miembros; sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta. Se tendrá por desestimada la acusación que no reúnalas condiciones exigidas por este artículo. La resolución que recaiga podrá ser apelada por ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y de la decisión de éste, podrá recurrirse ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de La Plata. Las apelaciones deberán interponerse directamente dentro de los diez (10) días de notificada la sanción. (NOTA: Por ley 12.008 resultan competentes los Tribunales Contencioso-Administrativos)

ARTICULO 34°: Al Consejo Directivo corresponde: a) Resolver los pedidos de inscripción en el Registro de Matrículas. b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, su reglamentación y resoluciones del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires. c) Llevar el Registro de Matrículas, debiendo efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 8° de esta Ley. d) Confeccionar las listas de Martilleros y/o Corredores Públicos para las designaciones de oficio y elevarlas al Organismo judicial correspondiente. e) Convocar las Asambleas, redactar el Orden del Día y hacer cumplir sus resoluciones. f) Representar a los Martilleros y/o Corredores Públicos tomando las disposiciones necesarias para asegurarles el legítimo desempeño de su profesión. g) Defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los Martilleros y Corredores Públicos, velando por el decoro, prestigio e independencia de la profesión. h) Intervenir a solicitud de partes en los conflictos o desavenencias que ocurran entre colegas o entre Martilleros y Corredores Públicos con sus clientes, cuando corresponda por esta Ley o con motivo de la restitución de toda documentación pertinente, sin perjuicio de la intervención que corresponda a los órganos jurisdiccionales. i) Administrar los bienes del Colegio, crear o fomentar su biblioteca pública y el órgano de difusión técnica e información profesional. j) Proponer al Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires el anteproyecto de Reglamento a que se refiere el artículo 15° inciso n) así como sus futuras modificaciones. k) Nombrar y remover a sus empleados. l) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas previstas en esta Ley y violaciones al Reglamento cometidas por los colegiados a los efectos de las sanciones correspondientes. ll) Solicitar al Tribunal de Disciplina la aplicación de sancione en los casos del artículo 17° inciso m). n) Controlar si los Martilleros y Corredores Públicos llevan sus libros de legal forma. A tal fin se creará un cuerpo de inspectores que deberá inspeccionar las oficinas respectivas, por lo menos una vez al año, rindiendo un informe detallado al Consejo, el que en su caso, deberá efectuar la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Disciplina. Asimismo, corresponde al Consejo realizar todos aquellos actos que se determinan en el artículo 16°, que no sean competencia de otro de los organismos que se crean por esta Ley. o) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y de su reglamento.

ARTICULO 35°: El Presidente del Consejo Directivo o quien lo reemplace presidirá la Asamblea, mantendrá las relaciones de la institución con sus similares y con los poderes públicos, ejecutará y hará cumplir las decisiones del Colegio Departamental y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia.

ARTICULO 36°: El Consejo Directivo deliberará válidamente con al mitad más uno de sus miembros, tomando resoluciones a mayoría de votos, salvo en aquellos casos en que la Ley y su reglamentación exigiera dos tercios (2/3) de los mismos. El Presidente sólo tendrá voto en caso de empate.


CAPITULO VII DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

ARTICULO 37°: El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros titulares e igual número de suplentes. Para ser miembro se requiere tener domicilio real en el Departamento Judicial, treinta y cinco (35) años de edad, diez (10) años en el ejercicio profesional y no estar incurso en lo dispuesto por el artículo 18° de la presente Ley. Los miembros del Consejo Directivo no podrán formar parte del Tribunal. Designará en su primera reunión un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

ARTICULO 38°: Sus miembros son recusables por las mismas causas que los Camaristas en lo Criminal y Correccional. Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable. Podrán ser removidos en el modo y con el procedimiento establecido en el artículo 33°. Ante la remoción, integrarán el Cuerpo de suplentes.

ARTICULO 39°: El Tribunal de Disciplina aplicará las sanciones previstas en esta Ley y funcionará asistido por un Secretario “ad hoc”, que deberá tener el título de abogado.


CAPITULO VIII DEL COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA

ARTICULO 40°: Los Colegios Departamentales constituyen el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 41°: El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia tendrá su asiento en la ciudad de La Plata.

ARTICULO 42°: La representación del mismo estará a cargo del Consejo Superior integrado por todos los Presidentes de los Colegios Departamentales. Los Vicepresidentes Primeros de los mismos tendrán carácter de Consejeros Suplentes.

ARTICULO 43°: El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia tendrá los siguientes derechos y atribuciones: a) Representar a los Colegios en sus relaciones con los poderes públicos. Ser parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios, de la presente Ley y su reglamento, a cuyo efecto podrá otorgar poderes. b) Promover y participar en Conferencias o Congresos vinculados con la actividad profesional por medio de sus delegados; propender al progreso de la legislación de la materia con estudios y proyectos que solicitaren las autoridades. c) Dictar y editar un Manual de Ejercicio Profesional para uso de Martilleros y/o Corredores Públicos que contendrá las principales disposiciones legales atinentes al ejercicio de la profesión y principios de ética profesional. d) Confeccionar la clasificación de los profesionales inscriptos en el Registro de Matrículas. e) Centralizar los Registros de las Matrículas de los Martilleros y/o Corredores Públicos. f) Resolver en grado de Apelación en los casos que le competan. g) Administrar sus fondos y bienes, fijar su presupuesto anual, designar y remover el personal empleado y demás facultades que sean conducentes al logro de los fines de esta Ley. h) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y resolver en última instancia las cuestiones que se susciten en torno a su inteligencia y aplicación. i) Proyectar el reglamento general de la Ley. j) Decidir sobre la interpretación de la Ley y el reglamento general en los casos sometidos a su decisión.

ARTICULO 44°: Los Colegios Departamentales optarán una contribución de hasta quince (15) por ciento de las cuotas anuales obligatorias establecidas por esta Ley para la organización y funcionamiento del Colegio de la Provincia.

ARTICULO 45°: El Consejo Superior designará de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. La votación se efectuará por cargos y permanecerán en ellos como tales hasta la próxima renovación de autoridades de los Colegios Departamentales. El ingreso de nuevos miembros determinará una nueva elección dentro del Cuerpo. Los que no resultaren electos permanecerán en sus cargos por el término de sus respectivos mandados. Sus decisiones se tomarán a simple mayoría teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. Sesionará con al presencia de la mitad mas uno de sus miembros.


CAPITULO IX DE LOS RECURSOS:

ARTICULO 46°: Los Colegios Departamentales tendrán como recursos: a) Derechos de inscripción en la matrícula. b) Cuota anual que abonarán los Colegiados. c) Demás ingresos previstos en la presente ley. Los recursos a que se hace referencia en los incisos a) y b) de este artículo y el porcentaje establecido en el artículo 44°, serán fijados por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y en la forma que determine la presente Ley.

ARTICULO 47°: (Texto Ley 12.125) El Consejo Superior, en el mes de noviembre de cada año, fijará el monto del derecho de inscripción y de la cuota anual para el ejercicio siguiente. La cuota anual deberá abonarse por año calendario adelantado, antes del día 30 de abril de cada año, en uno o más pagos dentro de los plazos que establezca al efecto el Consejo Superior. Los que se incorporen lo harán en la oportunidad en que lo hagan. Los Colegios podrán solicitar al Consejo Superior una cuota adicional. Vencidos los plazos de pago, se producirá la mora de pleno derecho, debiendo abonarse en lo sucesivo sus importes con más los intereses y gastos causídicos que correspondan. Producida la falta de pago de la cuota anual o de la cuota supletoria, en su caso, el Consejo Directivo deberá suspender al colegiado en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de reclamar su cobro por la vía pertinente.

ARTICULO 48°: El Colegio Departamental percibirá el importe de los derechos que determina el artículo 46°, así como también el de multas y prestaciones obligatorias que está facultado a imponer por esta ley y su reglamento general. El cobro compulsivo se realizará por el procedimiento de apremio, siendo suficiente, título ejecutivo, la planilla de liquidación suscripta por el Presidente y Tesorero del Colegio, o en su caso, la resolución o Decreto que estableció la sanción o prestación, suscripta por el Presidente, Secretario y Tesorero del Colegio.

ARTICULO 49°: Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderles por la legislación común, los miembros del Consejo Directivo son solidariamente responsables de la inversión de los fondos cuya administración se les confiere y de los daños y perjuicios que irroguen con al actuación irregular.


TITULO III DE LOS COLEGIADOS
CAPITULO I DE LA ACTIVIDAD DE LOS COLEGIADOS

ARTICULO 50°: El ejercicio de las profesiones de Martillero y Corredor Público comprende las siguientes actividades: a) Martillero Público: efectuar ventas en remates públicos de cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes y derechos, marcas, patentes y en general, todo bien cuya venta no esté prohibida por la Ley o encomendadas a otras profesiones específicas, que se efectúe en el territorio de la Provincia, sean éstas por orden judicial, oficial o particular. b) Corredor: realizar todos los actos propios del corretaje y la intermediación, poniendo en relación a las partes para la conclusión del contrato proyectado por su comitente. El objeto de su intervención puede ser la permuta, locación, compraventa de inmuebles, muebles, mercaderías, semovientes, rodados, fondos de comercio, marcas, patentes, créditos, letras, papeles de negocio, título y acciones coticen o no en bolsa sin incurrir en los supuestos contemplados en la Ley 17.811, y en general toda clase de derecho de tráfico lícito. c) El Martillero y Corredor Público pueden practicar y expedirse en tasaciones de inmuebles, muebles y semovientes en general.

ARTICULO 51°: Los Colegiados en actividad con las firmas de sus comitentes, podrán recabar directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales y particulares, informes o certificados sobre las condiciones de las cosas o derechos que les hayan sido entregados por la venta. En la solicitud se hará constar su nombre, domicilio, tomo, folio y número de inscripción en el Registro de Matrículas, precisando con toda exactitud las características del bien, la naturaleza del derecho sobre el que se requiere informe y el objeto de éste, debiendo expedirse las oficinas, dentro del plazo máximo de quince días.


CAPITULO II OBLIGACIONES

ARTICULO 52°: Son obligaciones de los Martilleros y Corredores Públicos: a) De los Corredores: 1. Llevar en forma legal el Libro Manual y el Registro en los cuales se asentarán las operaciones que se realizan. 2. Ajustarse estrictamente a las constancias de sus libros en los certificados que expidan. 3. Asegurarse de la identidad, domicilio y capacidad de las personas entre quienes trata el negocio. 4. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad. 5. Comprobar la existencia de los instrumentos que acrediten el título invocado por el comitente, recabando cuando se tratare de bienes inmuebles, la certificación del Registro de la Propiedad sobre la inscripción del dominio de los gravámenes y embargos que reconozcan aquellos, así como las inhibiciones anotadas a nombre del enajentante. Cuando se tratare de fondos de comercio o bienes muebles, deberán requerir igual certificación del Registro Público de Comercio y del Registro de Créditos Prendarios de la jurisdicción en que se encuentres respectivamente. Tratándose de automotores deberán requerir igual certificación del Registro de la Propiedad Automotor. Los anuncios deberán referirse clara y explícitamente al contenido de todas estas certificaciones. En todos los casos deberá dejarse constancia en el contrato del número y fecha de expedición de los certificados y situación que surja los mismos. 6. En las publicaciones y propagandas de toda clase que efectúe, sin perjuicio de las demás previsiones contenidas en reglamentaciones de la materia, deberá citarse el número del o de los planos aprobados, poniendo a disposición de los interesados los elementos probatorios necesarios. 7. Cuando se anuncie la pavimentación de calles adyacentes a loteo a venderse, sin perjuicio de las demás provisiones contenidas en las reglamentaciones de la materia, deberá especificarse el tipo de construcción de aquellas, no pudiendo citarse otros servicios públicos (transporte, provisión de agua, energía eléctrica, teléfono, gas, etc.) cuyo funcionamiento no se realice con autorización oficial y carácter permanente. 8. Cuando se trate de inmuebles a pagarse en cuotas periódicas sucesivas, deberá observarse en lo pertinente, lo dispuesto en las Leyes 4.564, 14.005 y sus modificatorias. 9. Convenir por escrito con sus mandantes los honorarios y gastos, las condiciones de venta, la forma de pago de todo cuanto creyera conveniente para el mejor desempeño de su mandato, archivando anualmente en VOLUMENES ENCUADERNADOS Y FOLIADOS, LOS CONVENIOS POR ESCRITO que a ese respecto tuviera con sus mandantes. 10. Cuando lo exigiere la naturaleza del negocio, guardar secreto riguroso en todo lo concerniente a las operaciones que se le encarguen. 11. Asistir a la entrega de los efectos por ellos vendidos, si alguno de los interesados lo exigiere. 12. Hallarse presente en el momento de firmarse el contrato, al pie del cual certificará que se ha hecho con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad y que transcribirá en lo sustancial en el libro de Registros. Los ejemplares de los boletos de compraventa de inmuebles y fondos de comercio, serán archivados anualmente y serán exhibidos ante orden judicial o a requerimiento de las autoridades del Colegio. 13. Conservar los certificados e informes de las cosas o derechos que se vendan con su intervención. 14. Entregar a los contratantes una minuta firmada del asiento hecho en su Libro de Registros sobre el negocio concluido, dentro de las veinticuatro (24) horas. La inobservancia de este deber importará la pérdida de la comisión, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. 15. Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez en el Servicio de la Justicia. 16. Aceptar los nombramientos que les hicieran los tribunales, con arreglo a la Ley, pudiendo excusarse solo por causa debidamente fundada. 17. Dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio o traslado de oficina, así como también del cese o reanudación del ejercicio profesional en el plazo fijado por el artículo 11°. 18. No abandonar la gestión que se le hubiere encomendado. 19. Dar recibo del dinero, título o documento que se les entreguen, y conservándolos y devolviéndolos a la terminación de la contratación. 20. Pagar la cuota anual en los plazos que fije la reglamentación o el Consejo Directivo, como así también las demás contribuciones establecidas por la asamblea extraordinaria de colegiados o cuota adicional supletoria que se fijare. 21. Entregar los libros al Colegio Departamental en el supuesto del artículo 104° del Código de Comercio, o de cancelación de la inscripción en el Registro de Matrículas, resolviendo el Consejo Directivo lo que corresponda en derecho. 22. Exhibir los libros toda vez que los inspectores del Colegio Departamental respectivo lo solicitare. 23. Conservar los certificados e informes de las cosas o derechos que se vendan con su intervención. 24. Hacer constar con toda claridad en cualquier propaganda o publicidad el nombre y apellido, tomo, folio y/o número de Colegiado en el Registro de Matrículas. b) De los Martilleros Públicos: 1. Llevar los libros que determina la Ley de Martilleros. 2. Comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado par disponer del bien a rematar. En el caso de remate de inmuebles deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior deberá anunciar con anticipación razonable todos los remates que realicen, efectuando la publicidad necesaria para asegurar el mayor éxito de la subasta. 3. Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la forma de satisfacerlo, condiciones de venta, lugar de remate, modalidades del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el Martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquel. 4. Anunciar las ventas en las condiciones estipuladas, estableciendo en los avisos la fecha, hora y lugar de la subasta, calidad, títulos y ubicación de la cosa, como así también por orden de quien se realiza el remate. Deberá indicarse asimismo, el nombre del profesional, domicilio especial y matrícula, efectuando una descripción del estado del bien y sus condiciones de dominio. Tratándose de remates realizados por Sociedades, deberá indicarse además, los datos de su inscripción registral. Cuando se trate de remate de lotes provenientes de subdivisión de bienes de mayor extensión, deberá indicarse los datos referentes a medidas, linderos y condiciones de dominio. También deberá indicarse en su caso, el tipo de pavimento obras de desagües y demás servicios públicos si existieran, sin perjuicio de las demás exigencias contenidas en las leyes provinciales. 5. Realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar bien visible una bandera con su nombre y en su caso, el de la sociedad al que pertenezcan. 6. Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate en idioma nacional y con precisión los caracteres, condiciones legales, cualidades y gravámenes que pudieran pesar sobre el bien. 7. Aceptar la postura solamente cuando se efectuara de viva voz, de forma clara e inconfundible, de lo contrario, la misma podrá ser considerada ineficaz. Suscribir con los contratantes y previa comprobación de su identidad, el instrumento que documente la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta fuera suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo. 8. En las subastas ordenadas por entidades estatales y realizadas en sus dependencias, además de la bandera de la institución puesta al frente del edificio, conforme lo antes expuesto se colocará en lugar visible el nombre del o de los martilleros que tengan a su cargo el acto. Las reparticiones públicas ajustarán sus disposiciones a la presente ley. 9. Rendir cuenta en forma documentada y entregar el saldo que resulte favorable de la subasta a sus comitentes, dentro de los términos legales, salvo convención contraria, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo. 10. Cuando el Martillero o Corredor Público tuviese oficinas o sucursales en un radio mayor de 25 kilómetros de distancia que le impida su atención personal, deberá tener a cargo de las mismas a profesionales colegiados. 11. Serán de aplicación a los Martilleros, en lo pertinente, las obligaciones prescriptas para los corredores en el inciso a) del presente artículo.


CAPITULO III PROHIBICIONES

ARTICULO 53°: Les está prohibido a los Martilleros y Corredores Públicos, sin perjuicio de lo establecido en las leyes 20.266 y 23.282 y modificatorias: a) Practicar descuentos, bonificaciones o reducción de comisiones arancelarias. b) Tener participación el precio que se obtenga en el remate o transacción a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencia a su favor o de terceras personas. c) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a la que pertenezca, se efectúen remates por personas no colegiadas. d) Comprar por sí, por cuenta de terceros, directa o indirectamente, ni adjudicar o aceptar posturas respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados, los bienes cuya venta se le hubiere encomendado. e) Suscribir el instrumento que documentada venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar. f) Retener el precio recibido o parte de él en que exceda el monto de los gastos convenidos y de la comisión que le corresponda. g) Utilizar en cualquier forma las palabras “judicial” “oficial” o “municipal”, cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión. h) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes que así lo autoricen. i) Suspender los remates, existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado la base, la misma no se alcance. El Martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos y responderá por los daños y perjuicios que ocasionare. j) Constituir Sociedades con personas inhabilitadas para el ejercicio profesional. k) (Texto Ley 12.125) Facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la apertura de oficinas o ejerzan la profesión, ni regentear las que no sean propias, con excepción de lo normado en el Art. 52 apartado b) inc. 10) de la presente.


CAPITULO IV DE LOS ARANCELES

ARTICULO 54°: Los honorarios que percibirán los Martilleros y Corredores Públicos por los trabajos profesionales que realicen, se ajustarán a la siguientes escala arancelaria: 1. De los Martilleros Públicos: a) Subasta de inmuebles: del 1,5% al 3% a cargo de cada parte. b) Subasta de rodados, plantas, mercaderías, demoliciones implementos agrícolas y muebles en general: del 5% al 10% a cargo del comprador. c) Subasta de fondo de comercio: del ,5% al 5% a cargo de cada parte. d) Subasta de hacienda: 1) Venta en marcados(concentraciones con destino a consumo, conservación o exportación): del 1% al 2% a cargo del vendedor; 2) Venta en remate de vacunos generales: del 1% al 2% a cargo del vendedor y comprador respectivamente; 3) Venta de reproductores generales de todo tipo, de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales en general del 1,5% al 3% a cargo de cada parte; 4) Venta de reproductores de pedigrée en consignaciones de cabañas o en exposiciones: del 3% al 6% a cargo del comprador; 5) Liquidaciones en establecimientos e instalaciones de vacunos y lanares: del 2% al 4% a cargo del comprador; yeguarizos, porcinos, caprinos y asnales, reproductores de todo tipo: del 3% al 65 a cargo del comprador; 6) Venta de hacienda faenada (carnes de gancho): del 1% al 2% a cargo del vendedor. e) Subasta de aves y conejos: del 5% al 10% a cargo del comprador. f) En todos los casos el vendedor pagará, además, la cuenta de gastos y de publicidad previamente convenida. 2. De los Corredores: a) Venta de inmuebles: del 1,5% al 3% a cargo de cada parte. b) Venta de títulos y acciones con o sin cotización en bolsa, sin incurrir en los supuestos contemplados por la Ley 17.811 de Oferta Pública de Títulos Valores: del 0,5% al 1% a cargo de cada parte. c) Venta de rodados, demoliciones, plantas, mercadería, implementos agrícolas, muebles en general: del 3% al 6% a cargo del comprador. d) Venta de fondos de comercio: 1) A Inventario: del 2% al 4% a cargo del comprador y del 3% al 6% a cargo del vendedor; 2) En Block: del 2,5% al 5% por cada parte. e) Venta de hacienda y ave: 1) Venta de vacunos y lanares en general: del 1% al 2% a cargo de cada parte; 2) Venta de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales en general: del 1,5% al 3% a cargo de cada parte; 3) Venta de reproductores generales: vacunos, lanares, porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales: del 1,5% al 3% a cargo de cada parte; 4) Venta de reproductores de pedigrée del 3% al 6% a cargo de los compradores; 5) Venta de aves: del 2,5% al 5% a cargo de cada parte. f) Arrendamientos en locaciones urbanas o rurales: del 1% al 2% a cargo de cada parte sobre el importe del plazo de contrato. En caso de no existir contrato escrito, se tomará como base el importe de dos años de arrendamiento o locación. En alquileres por temporada: del 1,5% al 3% del monto del contrato a cargo de cada una de las partes. g) Dinero en hipoteca: del 0,75% al 1,5% a cargo de cada parte. h) Venta de ganado de cualquier tipo a frigoríficos: del 1% al 2% de honorarios o aranceles a cargo del vendedor. i) En todos los casos, el vendedor pagará, además, los gastos de publicidad previamente convenido. Los Martilleros y Corredores Públicos podrán fijar por contrato el monto de sus aranceles y honorarios in otra sujeción que a esta Ley y a las disposiciones de los Códigos de Fondo; pero el contrato será redactado por escrito bajo pena de nulidad y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de parte de haber sido firmado. Las escalas arancelarias serán de observancia obligatoria, tanto en los mínimos como en los máximos previstos. 3. Inaplicabilidad de los aranceles: No será de aplicación el presente arancel, cuando en virtud de leyes particulares o especiales se establezcan aranceles diferentes.

ARTICULO 55°: En los remates judiciales se regularán los honorarios o aranceles de acuerdo a la presente Ley, teniendo en cuenta la importancia de los trabajos efectuados por los profesionales. En los casos en que la designación de Martillero o Corredor Público emane el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, Instituciones autárquicas o Bancos Oficiales, solo pagarán los honorarios o aranceles los compradores.

ARTICULO 56°: Si en las operaciones particulares intervinieran dos o más colegiados, cada uno percibirá los honorarios o aranceles que determina el artículo 54° y conforme con las escalas que fija, a cargo de la parte que represente cada uno de ellos, sin derecho a los de otro, salvo convención escrita en contrario.

ARTICULO 57°: En caso de subastas de varios inmuebles vendidos unos, fracasadas otras por falta de postores, el profesional percibirá sobre los primeros, el honorario o arancel que fije el artículo 54°, apartado 1, inciso a) y sobre los segundos, un arancel que no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) sobre la base de venta fijada o de la valuación fiscal actualizada conforme a la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires si fuera menor.

ARTICULO 58°: En caso de suspenderse la subasta por orden del Juez o Tribunal competente, por causas no imputables al Martillero Público, después que éste hubiere aceptado el cargo, el Juez procederá a efectuar la regulación de sus honorarios, sobre la base arancelaria que hubiere correspondido, en caos de remate realizado, teniendo en cuenta los trabajos realizados hasta el momento. Asimismo, se le abonará el importe de los gastos documentados que hubiere realizado. Cuando los Martilleros y Corredores Públicos actúen como tasadores en forma particular, o por designación judicial recibirán como honorarios hasta el cincuenta (50) pro ciento de la escala arancelaria fijada en el artículo 54°, en cada caso, siendo su pago a cargo de: a) En tasaciones particulares: del comitente. b) En las judiciales: conforme a la imposición de las costas.


CAPITULO V DE LOS NOMBRAMIENTOS DE OFICIO

ARTICULO 59°: Para ser incluidos en las listas de nombramiento de oficio, los Martilleros y Corredores Públicos deberán tener tres (3) años de antigüedad en la Colegiación, salvo lo que dispongan las leyes especiales. Para ser incluidos en las listas los interesados deberán presentar su solicitud ante el Colegio Departamental en el que esté inscripto durante el mes de diciembre de cada año, con sujeción a lo que disponga el Reglamento General.

ARTICULO 60°: Cada Colegio formará las listas en acto público, durante el mes de Febrero de cada año. Las listas definitivas serán dadas a conocer a cada Cámara Departamental por los respectivos colegios.

ARTICULO 61°: Los nombramientos de oficio se harán por sorteo, en audiencia pública, en presencia de los representantes de los Colegios Profesionales mediante bolillero. Dichos representantes estarán facultados para hacer constar en el acto las observaciones que estimen pertinentes sobre el sorteo.

ARTICULO 62°: Los sorteos se anunciarán en el tablero del Juzgado indicando día, hora y expediente y se comunicará a los respectivos Colegios y partes intervinientes en la forma dispuesta en las leyes de procedimiento civil y comercial.

ARTICULO 63°: Ningún Martillero o Corredor Público podrá ser sorteado por segunda vez mientras la lista no haya sido agotada. Si ocurriere el caso, subsistirá exclusivamente la primera designación. A medida que se vayan efectuando los sorteos se eliminará de la lista al profesional designado, hasta la terminación de aquella después de lo cuál se considerará reproducida. A tales efectos se elevará la única lista para cada Departamento Judicial.

ARTICULO 64°: Los nombramientos de oficio son irrenunciables, salvo causa justificada, caso contrario el profesional será incluido de la lista para dos años contados desde la fecha de su designación, sin perjuicio de los daños o intereses a que está sujeto. Se entenderá justificada la causa de excusación en los siguientes supuestos: a) Enfermedad que impida el desempeño de las funciones. b) Encontrarse fuera del país. c) No haberse depositado la suma de gastos fijada por el Juzgado, la que no podrá ser inferior al monto correspondiente a la publicación de edictos y gastos de traslado de bienes, en su caso.

ARTICULO 65°: Cuando se dejare sin efecto un nombramiento de oficio o el auto que ordena la subasta antes de ser aceptado el cargo por el Martillero o Corredor Público, éste será reintegrado a la lista. Si hubiera aceptado el cargo será reintegrado, pero tendrá derecho a percibir honorarios de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley.


CAPITULO VI SUBASTAS Y VENTAS JUDICIALES

ARTICULO 66°: Los Martilleros Públicos podrán en los juicios en que hayan sido designados, solicitar de los Jueces todas las medidas conducentes para el mejor cumplimiento de su cometido, como así también recabar en su oportunidad la aprobación de sus actos.

ARTICULO 67°: Las subastas podrán efectuarse cualquier día de la semana, con excepción de aquellos que sean declarados feriado nacional y el día 11 de Octubre, Día Nacional del Martillero.

ARTICULO 68°: Los Martilleros y Corredores Públicos realizarán personalmente los actos que judicialmente les encomendaren. Solo será posible la delegación en otro Martillero o Corredor Público Colegiado, por causa justificada y previa autorización judicial. El acto igualmente, para este último supuesto se realizará bajo el nombre del delegante, siendo éste el único responsable de los actos que aquél realice.

ARTICULO 69°: Los Martilleros y Corredores Públicos deberán rendir cuenta de su cometido dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha de realización del acto depositando el saldo resultante de ella.

ARTICULO 70°: La subasta deberá realizarse en el lugar donde tramita la causa, o el de ubicación del bien, según lo resolviera el Juez de acuerdo con las circunstancias del caso. Realizada la subasta, el Martillero deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil.

ARTICULO 71°: Los Jueces no ordenarán el levantamiento del embargo u otras medidas cautelares ni el archivo de expedientes, mientras no hayan sido abonados los honorarios y gastos que correspondan a Martilleros o Corredores Públicos actuantes en cada juicio.

ARTICULO 72°: En el caso de subasta fuera anulada por causa no imputable al Martillero, éste tendrá derecho al reembolso de sus gastos y al pago de los honorarios o aranceles que le correspondan de acuerdo a lo preceptuado en el párrafo 2) (segundo) del artículo 57° de esta Ley.

ARTICULO 73°: Anunciada la subasta de varios inmuebles y suspendida por orden del Tribunal la venta de parte de ellos por haberse cubierto el importe reclamado, el Martillero cobrará el honorario o arancel sobre lo adjudicado con arreglo a lo preceptuado en el artículo 54°, apartado 1, inciso a) de esta Ley, y tendrá derecho al honorario arancel con arreglo a lo preceptuado en el artículo 57°, párrafo segundo y al reembolso de los gastos efectuados, sobre lo no subastado.

ARTICULO 74°: En el caso que la subasta no se efectúe por falta de postores el Martillero percibirá un honorario o arancel que será regulado por el Juez, entre dos (2) y el cinco (5) pro ciento del monto de la base.


CAPITULO VII INTERVENCION DE LOS COLEGIOS

ARTICULO 75°: Cuando las actividades de los Colegios Departamentales fueran notoriamente ajenas a los fines de su creación, o la actuación de sus autoridades se apartaran de las obligaciones a su cargo, el Colegio de la Provincia por sí o a requerimiento de la Asamblea del Colegio Departamental, en base a hechos concretos, plenamente comprobados, podrá decretar la intervención de los mismos a los fines de su reorganización.

ARTICULO 76°: Las funciones del Interventor serán: a) Las mismas que las del Presidente del Colegio. b) Las indispensables para reorganizar el Colegio intervenido de manera que responsa a los fines de su creación. c) Designar sus colaboradores, los que no podrán ser matriculados del Colegio intervenido.

ARTICULO 77°: El Interventor durará tres (3) meses en sus funciones, como máximo, contados desde la fecha de toma de posesión del cargo, cesando automáticamente al vencimiento de este término. Transcurrido el término citado sin que el Interventor haya cumplido su cometido, el Consejo Superior procederá a su inmediato reemplazo, fijando a quien lo sustituya, un plazo de tres (3) meses desde su asunción para convocar a elecciones de autoridades del Colegio intervenido.

ARTICULO 78°: El Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires designará Interventor de entre sus miembros.

ARTICULO 79°: La decisión del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia disponiendo la intervención será apelable ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en turno al momento de producirse la misma, en el término de diez (10) días. (NOTA: Por ley 12.008 resultan competentes los Tribunales Contencioso-Administrativos)


CAPITULO VIII INFRACCIONES

ARTICULO 80°: (Texto Ley 12.125) Será reprimido con multa de cinco (5) a treinta (30) sueldos mínimos del Escalafón Técnico de la Administración Pública Provincial o hasta el duplo de la comisión percibida o a percibir por la operación efectuada en la primera infracción y en caso de reincidencia, hasta el doscientos (200) por ciento de la sanción anterior: a) El Martillero o Corredor Público que, sin estar colegiado o estando suspendido, inhabilitado o excluido del ejercicio profesional por resolución firme de los órganos colegiados, intervenga o participe directa o indirectamente en las actividades específicas reservadas a Martilleros y Corredores Públicos. b) La persona que facilite o de cualquier modo favorezca la realización de las actividades reprimidas en el inciso anterior. c) La persona que maliciosamente obstruya, impida o perturbe la realización de un remate o las operaciones autorizadas por esta Ley u obstaculice sus actos preparatorios o sus resultados normales.

ARTICULO 81°: (Texto Ley 12.125) El conocimiento de las causas que se promovieran respecto de las infracciones comprendidas en este Capítulo, corresponderá al Juez Penal de turno al momento de la comisión del hecho. Las causas se iniciarán de oficio, por denuncia de terceros o a requerimiento de los representantes de los Colegios de Profesionales creados por esta Ley.

ARTICULO 82°: Los representantes legales de las Entidades Profesionales podrán tomar intervención coadyuvante en el curso del respectivo proceso, con las siguientes facultades: a) Solicitar las diligencias útiles para comprobar la infracción y descubrir a los responsables. b) Asistir a la declaración del inculpado y a las audiencias de testigos, con facultades para tachar y repreguntar a éstos. c) Activar el procedimiento y pedir pronto despacho de la causa. d) Denunciar bienes a embargo para asegurar el pago de las indemnizaciones que correspondiesen, el importe de las multas y las costas del proceso. e) Solicitar la intervención y clausura de las oficinas de Martilleros y Corredores Públicos instaladas en violación de esta Ley. f) Requerir el auxilio de la fuerza pública para suspender o impedir remates públicos que se efectúen o se intenten efectuar por personas a quienes lees está prohibido realizarlos.

ARTICULO 83°: El juicio se sustanciará por el procedimiento fijado para las causas correccionales, en cuanto no resulten modificadas en este Capítulo. Las denuncias deberán contener la mención total de las pruebas del hecho constitutivo de la infracción. El Juez del proceso tendrá amplias facultades para ordenas las comprobaciones que estime necesarias.

ARTICULO 84°: Las multas deberán oblarse dentro de los diez (10) días posteriores a la intimación, depositándose su importe en el Banco de la Provincia y a la orden del Juzgado. En defecto de pago, el infractor sufrirá arresto a razón de un (1) día por cada sueldo que se le haya impuesto en concepto de multa. El producido de estas multas se destinará al Colegio Departamental donde se haya producido la infracción.


TITULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 85°: Las actuales autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y de los Colegios Departamentales continuarán en el ejercicio de sus mandatos hasta el vencimiento de los mismos.

ARTICULO 86°: Los actuales Martilleros y Corredores Públicos colegiados mantendrán su condición de tales ejerciendo su actividad profesional conforme lo normado por la presente ley. En iguales condiciones estarán quienes hayan solicitado su inscripción con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley.

ARTICULO 87°: Mantiénese en vigencia como reglamentación de la presente Ley en todo aquello que no se le oponga, el Decreto Reglamentario 11.791/65, hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte el correspondiente Decreto que reglamente la presente.

ARTICULO 88°: Derógase la ley 7.021 y el Decreto-Ley 9.126/78.

ARTICULO 89°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa.

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