Título I
De su creación y objeto

Título II

Título III
Del gobierno y administración

Título IV
De la jubilación ordinaria

Título V
De las Jubilaciones Extraordinarias por Invalidez

Título VI

Título VII
De las pensiones

Título VIII
De los subsidios

Título IX
De los recursos

Título X

Título XI
Disposiciones transitorias

 

Título I

De su Creación y Objetivo

Artículo 1º: Créase la “Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos”, que funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, dentro de las normas establecidas en la presente ley y las respectivas reglamentaciones.

Artículo 2º: La Caja es autárquica e independiente y tiene por objeto la creación de un sistema de previsión social fundado en la solidaridad profesional. La Provincia de Buenos Aires no contrae responsabilidad alguna que se relacione con las obligaciones emergentes del funcionamiento de la Caja.

Artículo 3º: El régimen de esta ley comprende:

a) La afiliación obligatoria de sus beneficiarios.

b) La institución de un patrimonio con fines previsionales

c) Las prestaciones y beneficios específicos.

 

Título II

Artículo 4º: La Caja otorgará las siguientes prestaciones y beneficios:

a)

1. Jubilación Ordinaria.

2. Jubilación Extraordinaria por invalidez.

3. Pensiones.

4. Subsidios por fallecimiento.

b) Asimismo podrá conceder:

1. Préstamos para vivienda y/u oficina.

2. Toda otra forma de ayuda social y asistencia médica que resuelva el directorio.

3. Préstamos ordinarios para iniciación de actividad profesional.

 

Artículo 5º: Quedan excluidos de los beneficios de la presente ley:

a) Los que por causa legal o disciplinaria estuviesen privados del ejercicio de su profesión de acuerdo con la ley reglamentaria de las actividades de los martilleros y corredores públicos.

b) Los que no ejerzan la profesión no obstante estar matriculados y afiliados, hasta un año después del comienzo de su actividad.

c) Los que no pueden formar parte de los Colegios ni ejercer la profesión de acuerdo con la ley reglamentaria de las actividades de los martilleros y corredores públicos.

Artículo 6º: Los beneficios acordados por esta Caja y los derechos correspondientes son intransferibles e inembargables, excepto el caso de mandato judicial por alimentos y litis expensas.

Artículo 7º: La Caja podrá celebrar acuerdo de reciprocidad con el Instituto Nacional de Previsión Social y otras Cajas de jubilaciones.

 

Título III

Del Gobierno y Administración

Artículo 8º: El gobierno y administración de la Caja será ejercido por el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, con plenos poderes para proceder en todos los casos de conformidad con lo establecido en las disposiciones de este título y el reglamento interno que se dicte.

Artículo 9º: Son funciones del Consejo Superior:

a) Ejercer el gobierno de la Caja y la administración de sus bienes.

b) Interpretar y aplicar las disposiciones de la presente ley.

c) Acordar y denegar los beneficios que la misma establece.

d) Designar y remover su personal.

e) Elaborar el presupuesto anual de gastos a propuesta del Presidente, no pudiendo disponer para gastos de administración más del 5% del ingreso anual de la Caja.

f) Establecer anualmente el. importe mínimo obligatorio de los colegiados.

Artículo 10º: La resolución del Consejo Superior que importe multa será recurrible por vía de reposición ante el mismo, dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación. De su decisión se podrá apelar ante el Juez del Crimen en turno dentro de los tres días de notificado.

Artículo 11º: (Mod. Ley 7.903) Contra la resolución denegatoria del derecho jubilatorio o de pensión, podrá interponerse recurso dentro de los diez (10) días de la notificación, para ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que actuará en Tribunal pleno.

 

Título IV

De la Jubilación Ordinaria

Artículo 12º: (Mod. Ley 11.229) Las jubilaciones que otorgue la Caja serán uniformes para todos los afiliados y no guardarán relación con el monto de los aportes.

Artículo 13º: (Mod. Ley 11.229) La jubilación ordinaria es voluntaria y se acordará a petición del afiliado que reúna los requisitos de 55 años de edad y 30 de actividad profesional. Podrá compensarse la falta de edad con los excedentes de años de ejercicio en la proporción de dos a uno y viceversa.

Artículo 14º: El monto mensual de la jubilación ordinaria será fijado por el Consejo Superior con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.

 

Título V

De las Jubilaciones Extraordinarias por invalidez

Artículo 15º: La Jubilación Extraordinaria por invalidez se concederá al afiliado que al año de vigencia de esta Ley, y encontrándose en actividad con un mínimo de dos años, se incapacite totalmente para el ejercicio profesional por causa de enfermedad o accidente comprobados mientras dure la incapacidad y siempre que no tuviese derecho a la jubilación ordinaria.

Artículo 16º: El monto de la precedente jubilación será el de un 65% de la jubilación ordinaria, la que se hará efectiva a partir de la fecha de su invalidez absoluta, sin perjuicio de la disposición del artículo 7º. Si la incapacidad ocurriera con posterioridad a los diez años del ejercicio de la profesión, el monto se elevará a un 75%, y al 82% si fueran más de veinte.

Artículo 17º: Los casos de incapacidad absoluta serán estudiados por el Consejo Superior en base a informes médicos coincidentes. Los facultativos serán designados por el Consejo Superior o el Ministerio de Salud Pública a su pedido. La subsistencia del impedimento deberá acreditarse por exámenes médicos anuales, en la misma forma que para la jubilación extraordinaria establecida en el artículo 15º.

Artículo 18º: Toda jubilación que se conceda implica el retiro absoluto de la actividad profesional en forma directa o indirecta. El jubilado infractor será pasible de multa de dos mil a diez mil pesos moneda nacional. Consentida la sanción o notificada la resolución, si ésta hubiese sido apelada, el infractor podrá optar dentro del plazo de tres (3) días por el beneficio jubilatorio o el ejercicio profesional. En ambos casos, reintegrará el importe de las prestaciones jubilatorias percibidas durante la infracción, con sus intereses al tipo establecido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los préstamos ordinarios. En caso de reincidencia perderá la jubilación concedida.

 

Título VI

Artículo 19º: (Mod. Ley 11.229) A los efectos de la jubilación se computarán los años de servicio a partir de la primera operación sobre muebles o inmuebles inherentes a la actividad profesional del afiliado. El ejercicio continuo y permanente de la profesión fundamentado por este sistema de previsión, se acreditará por los asientos en los libros de la Caja del monto de los aportes. El ejercicio profesional anterior se probará mediante la exhibición de los libros de comercio llevados de acuerdo a la ley. En su defecto, se aceptará como prueba supletoria la documental o instrumental, pública o privada, conjuntamente con el testimonio de dos colegiados del lugar.

Artículo 20º: La inactividad del afiliado por razones de salud u otras causas atendibles durante un año en nada afectará la computación de los servicios, siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros y se comunique al Colegio jurisdiccional dentro de los cinco (5) días de la cesación de actividades. La inactividad motivada por sanciones disciplinarias, taxativamente expresadas por la ley reglamentaria de las actividades de los martilleros y corredores públicos, no es excluyente de las obligaciones del colegiado, ni aún en el caso de exclusión de la matrícula, pues concurren en su representación los familiares subrogados en el derecho, deberes y obligaciones del mismo.

Artículo 21º: No serán computables:

a) Los términos de las suspensiones represivas.

b) La inactividad que exceda el año conforme al artículo 15º.

c) Los casos de cancelación de la matrícula hasta su reincorporación.

Artículo 22º: Los aportes no pueden interrumpirse. En caso de interrupción de los mismos el afiliado deberá reintegrarlos con más el interés bancario al día del depósito.

 

Título VII

De las Pensiones

Artículo 23º: Producido el fallecimiento del afiliado jubilado o del que se encontrase en condiciones de jubilarse, tendrán derecho a percibir pensión:

a) La viuda, siempre que no estuviese divorciada por su culpa. En caso de separación de hecho, el Consejo Superior resolverá según las circunstancias especiales de cada caso.

b) El viudo incapacitado en las condiciones del inciso anterior.

c) Hijos o hijas menores de edad.

d) Los padres, si a la fecha del fallecimiento vivían bajo el amparo del afiliado.

e) Las hijas viudas o divorciadas, menores de 22 años o mayores de 50, que a la fecha del fallecimiento del causante vivían al amparo del afiliado.

Artículo 18º bis: Ver Ley 11.229.

Artículo 24º: El monto de la pensión será el 75% del importe de la jubilación ordinaria. Resuelto el aumento del monto jubilatorio, las pensiones acrecerán en la forma proporcional establecida por esta ley.

Artículo 25º: El derecho a gozar de la pensión comenzará desde el día del fallecimiento del causante y se distribuirá entre los llamados a percibirla en la proporción que establece el Código Civil. El derecho de pensión no excluye el subsidio básico por fallecimiento, establecido en el inciso a) del artículo 29º.

Artículo 26º: Si se extinguiese el derecho a pensión con respecto a alguno de los beneficiarios la parte correspondiente acrecerá a la de los otros.

Artículo 27º: El derecho a pensión se extingue:

a) Para el viudo o viuda, cuando contrajera nuevas nupcias.

b) Para los hijos, cuando lleguen a la mayoría de edad o cuando se emancipen por el matrimonio.

c) Para los padres, si cesa el estado de indigencia.

Artículo 28º: No tendrán derecho a pensión los afectados por las causas de indignidad previstas en el Código Civil.

 

Título VIII

De los Subsidios

Artículo 29º: Producido el fallecimiento de un afiliado sin haber alcanzado los límites mínimos de edad y ejercicio profesional que establece el artículo 13º, la Caja otorgará las siguientes prestaciones:

a) Un subsidio básico para sepelio y lutos.

b) Un subsidio complementario en relación a los años de ejercicio profesional.

Artículo 30º: Serán beneficiarios de los subsidios los causahabientes incluidos en el régimen de pensiones que contempla el artículo 23º, salvo el caso de designación de beneficiarios para subsidio básico.

Artículo 31º: A los efectos de acreditar años de ejercicio profesional en el otorgamiento del subsidio complementario, serán de aplicación las normas establecidas para computar años en el régimen jubilatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 19º.

Artículo 32º: El monto y régimen de los subsidios lo establecerá el Consejo Superior cada dos años para el bienio siguiente. La fecha del fallecimiento determinará el monto del subsidio a otorgarse.

Artículo 33º: Todo afiliado tendrá derecho a designar beneficiario del subsidio básico. A tal efecto, deberá depositar en la Caja bajo su firma en sobre cerrado, la indicación del nombre y domicilio de la persona de existencia visible favorecida. Acreditado el fallecimiento, las autoridades de la Caja procederán a la apertura del sobre, continuando los procedimientos con la intervención del beneficiario indicado.

Artículo 34º: El reconocimiento al derecho de subsidio deberá ser reclamado por los interesados dentro del término de cinco (5) años, a partir de la fecha del fallecimiento del afiliado. Transcurrido este plazo, será denegado el derecho, cualesquiera sean las causas que se invoquen.

Artículo 35º: La Caja responderá directamente por los gastos de sepelio del afiliado hasta cubrir un 50% del subsidio básico que corresponda. Si cubiertos esos gastos se presentare alguna de las personas con derecho a subsidio, éste le será liquidado previa deducción de la suma invertida en el sepelio.

Artículo 36º: Si la persona que solicite el subsidio complementario se encuentra incluida dentro de los beneficiarios de la pensión que determina el artículo 23º, y si de las actuaciones producidas en el trámite del mismo se desprende que el causante había llegado a los límites mínimos de edad y ejercicio profesional establecidos en el artículo 13º, el subsidio será negado, pudiendo el interesado iniciar el trámite de pensión correspondiente.

Artículo 37º: Si al fallecimiento de un colegiado no hubiese beneficiario designado o éste hubiera fallecido con anterioridad, o fuera desconocido, no fuese válida la institución o se ignorase el paradero de los beneficiarios que subsidiariamente instituye esta ley, el Consejo Superior podrá disponer hasta el 20 % del monto del subsidio por fallecimiento para gastos de entierro y adquisición de sepulcro. Si abonados estos gastos se presentara alguno de los beneficiarios con derecho al subsidio, sólo podrá reclamar el saldo restante. Transcurrido el término del artículo 34º sin mediar reclamación, el saldo ingresará al fondo de la Caja.

 

Título IX

De los Recursos

Artículo 38º: (Mod. Ley 11.229) Son recursos de la Caja:

a) Los aportes obligatorios de hasta el diez por ciento (10 %) a cargo del afiliado sobre toda remuneración de origen profesional.

b) El producido del impuesto del dos por mil (2 ‰) sobre el monto de toda venta pública o privada que realicen los afiliados de esta Caja, y cuyo importe será devengado por el comprador y vendedor a partes iguales.

Los montos por este concepto serán depositados a la orden de la Caja y retenidos por intermedio del escribano autorizante a la autoridad legal de retención que corresponda.

c) El 5 % del monto que percibirán los Colegios Departamentales de Martilleros y Corredores Públicos en concepto de cuotas anuales de su actuación.

d) El 20 % del monto que perciba el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de lo que anualmente aporten los colegios departamentales.

e) Tasa de $ 50.- m/n por cada certificado de Registro de la Propiedad y del Registro de Créditos Prendarios que se libre con motivo de peticiones formuladas por martilleros y corredores públicos en ejercicio de la ley reglamentaria de su profesión.

f) Por el aporte de $ 5.- m/n que se abonará mediante estampillas, por cada escrito, aceptación de cargo y toda presentación que los colegiados efectúen ante los Tribunales, Juzgados de Paz y Alcaldías.

g) El remanente de las multas que perciban los Colegios Departamentales de la ley reglamentaria de las actividades de los martilleros y corredores públicos, y las que imponga la Caja por incumplimiento de las prescripciones de la presente ley.

h) Los que se devenguen de la aceptación de legados, donaciones y toda otra operación que autorice la ley en forma expresa.

 

El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria y a propuesta del Consejo Superior sobre la base de los cálculos actuariales y de las distintas modalidades de la actividad específica de los colegiados, fijará el valor porcentual a que hace referencia el inciso a) del presente artículo y un monto mínimo mensual de contribución.

1 ‰ a cargo vendedor, derogado por ley 7.603 de fecha 31-8-1967.

1 ‰ a cargo comprador, derogado por ley 7.404 de fecha 4-7-1968.

 

Derogada esta ley con fecha 12-7-1972, con la salvedad que ello no implica restablecer la vigencia de esta contribución.

Artículo 39º: A los efectos del contralor de los aportes créanse Registros Especiales Departamentales, donde se considerarán las operaciones que realicen los afiliados, quienes deberán comunicarlas a los mismos dentro de los cinco días de realizadas. El incumplimiento de lo preceptuado precedentemente se considerará falta grave, pasible de suspensión en el ejercicio de la profesión. La reincidencia podrá ser causa de cancelación de inscripción en el Registro de Matrículas. El Colegio Provincial llevará un Registro Central donde se asentarán las declaraciones efectuadas en los distintos registros departamentales. Facúltase al Consejo Superior a compulsar los libros de comercio de los afiliados a fin de constatar la exactitud de las declaraciones al Registro.

Artículo 39º bis: Ver Ley 7.903.

Artículo 40º: El Banco de la Provincia de Buenos Aires abrirá una cuenta especial a nombre de la Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos, orden Presidente, Secretario y Tesorero, en la que serán depositados los fondos de la misma.

Artículo 41º: En toda libranza judicial por pago de honorarios se descontará el 10 % como tributo profesional , que deberá ser depositado en cuenta a nombre de la “Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos” del Banco de la Provincia de Buenos Aires con boleta especial.

Artículo 41º bis: Ver Ley 10.789.

Artículo 42º: No podrá darse a los fondos de la Caja otro destino que el fijado en la presente ley. En caso contrario, quienes hubieren firmado el libramiento serán personal y solidariamente responsables.

Artículo 43º: Es facultativo del Consejo Superior disponer la inversión de parte de los fondos necesarios a la atención inmediata de los beneficios acordados por esta ley, en operaciones que rindan intereses, a cuyo efecto podrá adquirir bienes raíces, títulos y acciones, enajenarlos o gravarlos, aceptar donaciones o legados de acuerdo con la naturaleza y carácter que se le confiere a la Caja por el artículo 1º.

 

Título X

Artículo 44º: (Mod. Ley 11.229) El Consejo Superior aplicará multas de cinco mil (5.000.-) a cincuenta mil (50.000.-) pesos moneda nacional, al afiliado en actividad o jubilado que infrinja las disposiciones de la presente ley.

Artículo 45º: La Caja estará exenta de todo impuesto y tasa de sellos en su actuación administrativa y judicial.

 

Título XI

Disposiciones Transitorias

Artículo 46º: Los beneficios que se acuerdan por la presente ley serán aplicados transcurridos dos años desde la fecha de su promulgación. El Consejo Superior queda autorizado para disminuir dicho plazo si las condiciones económicas de la Caja lo permiten, no pudiéndose otorgar las prestaciones determinadas en el inciso b) del artículo 4º hasta tanto no quede cubierto el patrimonio calculado para cumplimentar el inciso a) del mismo artículo.

Artículo 47º: Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 48º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Enero de 1965.

 

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